El tripartito tendrá la oportunidad el miércoles de dar explicaciones de las irregularidades denunciadas por el interventor.

El tripartito de Sant Antoni ha abonado todos los contratos menores que el interventor ha tachado de ilegales y que corresponden al año 2016. A pesar de las advertencias del alto funcionario, el gobierno de Pep Tur ‘Cires’ ha decidido abonar las facturas pese a los indicios de ilegalidad denunciados a través de un informe por el interventor, y que el alcalde de Sant Antoni se negó a debatir en el pleno del mes de febrero. El informe del interventor al que ha tenido acceso este periódico fue enviado durante el mes de enero ya que estudia, precisamente, las facturas del año anterior. Pese a las advertencias, el gobierno municipal ha decidido abonar todas las facturas irregulares, según ha podido constatar este periódico.

Como ya publicó ayer este medio, el informe incluye todos los contratos menores y las empresas beneficiadas por el mal uso de una figura administrativa que hace varias semanas obligó a dimitir a la consellera de Transparència, Ruth Mateu.

El interventor municipal detalla tres grupos de contratos menores y que, en su opinión, incurrieron en irregularidades administrativas. Por una parte se encuentran todos aquellos contratos que exceden el importe y la duración del contrato, que son los de mayor cuantía y los más graves. En este caso hay algunos contratos que han superado los 60.000 euros y que han sido ya pagados por el Ayuntamiento de Sant Antoni.

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En un segundo grupo se encuentran aquellos contratos menores que han excedido el límite de duración para ser tramitados, precisamente, como contratos menores, que son de menor cuantía. Y por último existe un grupo de facturas de proveedores de bienes y servicios en los que se ha excedido tanto el límite como el importe para ser tramitados como contratos menores. Se trata de un pago que ronda los 25.000 euros. El informe del interventor advierte, además, que en muchos casos el objeto del contrato no está definido en su totalidad ya que incluye prestaciones que no se especifican y que ni siquiera se concretan, pero que superan la cantidad máxima para un contrato menor.

En dicho informe se destaca, asimismo, que algunas facturas aprobadas, de pequeños importes, no responden a la satisfacción de las necesidades públicas sino que responden, por el contrario, a colaboraciones con asociaciones o entidades.

La ley contempla que un contrato menor podrá alcanzar hasta los 50.000 euros cuando sean contratos para obras, pero tienen un límite de hasta los 18.000 euros cuando sean para otro tipo de servicios. El interventor advierte que los contratos menores no pueden trocearse.