Francesc Dalmau y Ramón Reus preparan los documentos del código ético que firmaron 42 empresas pitiusas. Foto: DANIEL ESPINOSA

Unas 40 empresas de alquiler de vehículos de Ibiza y Formentera, pertenecientes a la Agrupación Empresarial de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor de Balears (Aevab), firmaron ayer en el Club Nàutic de Sant Antoni el código de buenas prácticas impulsado por la Direcció General de Consum, que tiene como objetivo frenar las prácticas abusivas y desleales en el sector y defender a los consumidores y usuarios.

La delegada de Aevab en las Pitiusas, Sonia Ribas, aseguró que este verano habrá «entre 15.000 y 18.000» coches de alquiler en Ibiza, de los cuales calcula que «sobran 7.000». La responsable de este colectivo admitió que las carreteras de la isla «ya están muy masificadas» y denunció que la responsabilidad de la saturación de vehículos de alquiler «es de las multinacionales», a quienes culpa de hacer «ofertas engañosas» a través de Internet. Ribas solicitó una «regulación» en el sector porque hasta el momento, criticó, «no hay ningún tipo de control y nadie sabe el número exacto de coches que se introducen». «Las grandes multinacionales están saturando la isla de coches», reiteró.

En este sentido, el presidente de la patronal balear, Ramón Reus, explicó que el excedente de coches de alquiler obedece a malas praxis por parte de estas compañías internacionales. «A través de canales de ‘rent a car’ las fábricas están trayendo coches para exportar vehículos. Una vez que dan el coche de baja en tráfico piden la devolución del IVA, que es una cantidad enorme por coche, y es un negocio que están haciendo empresas aquí en Balears. Eso hace que traigan una gran cantidad de coches y que haya saturación», denunció.

El director insular de Turisme, Vicent Torres ‘Benet’, aseguró que la intención del Consell es elaborar un reglamento que «prevea una serie de requisitos que deben cumplir las empresas y que irá encaminado a poner orden». El representante del Consell, que estuvo acompañado por la vicepresidenta Marta Díaz, denunció la presencia de empresas que ocupan con «muchísimos vehículos espacios en suelo rústico» por no disponer de una nave donde almacenarlos, así como compañías que operan «con una oficina portátil en el parquin del aeropuerto», prácticas que empañan la calidad del servicio según Benet.

Código ético

Con la firma del código, las entidades declaran que están inscritas en el registro de regulación y clasificación de las empresas y establecimientos turísticos y se obligan a actuar de manera leal con los clientes.

Concretamente, entre los aspectos más relevantes del documento, la empresa firmante se compromete a ofrecer a los consumidores una reserva de contrato de alquiler del vehículo por un precio completo, que será el precio final si el consumidor no contrata ninguna prestación adicional.

Asimismo, conforme al documento, el precio anunciado en la página web o cualquier otro medio incluirá todos los conceptos y cargos obligatorios. Se publicitarán las prestaciones accesorias y los precios de estas prestaciones de forma separada con la indicación de que son opcionales y, así, el consumidor tendrá que seleccionarlas expresamente si quiere contratarlas.

En cuanto al combustible, la empresa adherida se compromete a realizar una política transparente y ofrecer en primer lugar la opción de depósito lleno a la entrega y devolución del vehículo.

Igualmente, en el momento de la entrega del vehículo alquilado, la compañía se compromete a revisar con el consumidor su estado y éste podrá exigir una copia del informe de revisión.

Cuando la administración haya comprobado el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte de la compañía, la Dirección General de Consumo le otorgará el sello de empresa avalada. Las empresas que hayan obtenido el distintivo figurarán en una lista que se publicará en el Portal del Consumidor.

Según el documento, la asociación velará para que las empresas asociadas, tanto si firman como si no el código de buenas prácticas, no incurran en malas prácticas con los consumidores y usuarios. El director general de Consum, Francesc Dalmau, afirmó que actualmente hay nueve inspectores en Balears para velar por dicho cumplimiento, solo uno de ellos en las Pitiusas.

La tasa, casi imposible

Sonia Ribas pidió que se limite la entrada de vehículos de alquiler en Ibiza y remarcó que ha sido precisamente la Aevab quien ha solicitado al Consell la implantación de una tasa a los coches que no paguen sus impuestos en las islas. La vicepresidenta Marta Díaz aseguró que «se está estudiando la medida», pero advirtió de que la limitación «es delicada a nivel jurídico». En este sentido, Sonia Ribas lamentó que la restricción de vehículos «choca con la normativa europea».