Las decisiones que marcan el destino del pacto

· Carreteras
Las actuaciones y políticas del departamento de Mobilitat han provocado los mayores desencuentros en el seno del equipo de gobierno. De hecho, el grupo Podem–Guanyem ha conseguido ‘colar’ a uno de los suyos en esta conselleria gobernada por la socialista Pepa Marí, que cuenta con la ayuda de Gianandrea di Terlizzi en el cargo de coordinador de Mobilitat.

El asunto que más polvo ha levantado hasta el momento ha sido la aprobación del Plan Director Sectorial de Carreteras (PSDC) con el voto en contra de Podem–Guanyem, un documento imprescindible para la puesta en marcha del desdoblamiento de Ca na Negreta. Un proyecto que se sometió a consulta pública después de ser consensuado con los afectados en la anterior legislatura. «Votaremos en consecuencia», dijo Viviana de Sans en la presentación del pseudo referéndum (pudo votar quien quiso y las veces que le dio la gana) sobre la remodelación de la carretera de Santa Eulària y que tantas críticas levantó entre el Partido Popular y buena parte de los vecinos de la zona. Al final, más del 80% de los que participaron en el sondeo dieron su visto bueno un proyecto cuyas obras deberían empezar a finales de este año pero, sin embargo, todavía no se ha presentado el proyecto de construcción.

La travesía de Jesús también le ha supuesto a la consellera josepina un buen quebradero de cabeza. El Consell d’Eivissa todavía no ha recepcionado las obras de este tramo de poco más de un kilómetro de distancia después de que estuviera cerrada al tráfico medio año cuando se anunció que las obras durarían 45 días.

Menos de un año después, la carretera presenta desperfectos por la mala calidad de los materiales empleados en su construcción.

La carretera que sí ha podido inaugurar Pepa Marí ha sido la reforma y ampliación de la de Sant Joan. Eso sí, vecinos de Sant Llorenç se quejaron de la instalación de una planta asfáltica cerca de sus viviendas.

· Movilidad
Un año y medio después de la llegada de las fuerzas progresistas al poder, todavía no han sido capaces de reabrir la estación de autobuses Cetis, en Vila. Eso sí, en abril de 2016 el Ayuntamiento y el Consell d’Eivissa anunciaron a bombo y platillo la firma de un convenio para acabar con esta situación de parálisis y anunciaron la apertura de la estación antes del verano. No fue así. Ambas instituciones continúan reuniéndose para desenredar el entuerto jurídico en el que se encuentra esta infraestructura en la que todavía deben realizarse una serie de mejoras por parte de la empresa concesionaria.

El gran ‘avance’ en movilidad en lo que llevamos de legislatura ha sido la compra de vehículos eléctricos por parte de la institución insular y la instalación de puntos de carga en distintas zonas de la isla.

· Turismo
Otro de los grandes puntos de conflicto entre las dos formaciones ha sido la legalización de los pisos turísticos en edificios plurifamiliares. De hecho, los consellers de Podem–Guanyem se aliaron con los del Partido Popular para pedir al Govern balear que no regulara esta actividad en la isla de Ibiza, mientras que los socialistas eran partidarios de un marco regulador que abriera la puerta al alquiler vacacional en pisos en aquellas islas o municipios que quisieran legalizarlos.

· Territorio
El equipo de gobierno progresista estuvo más de un año mareando la perdiz en torno a una posible moratoria urbanística que provocó una avalancha de solicitudes de licencia para levantar viviendas en suelo rústico, justo el fenómeno contrario que buscaban los gobernantes. Al fin, desde el Consell se aprobó una norma territorial cautelar que dificulta la construcción de edificaciones en el campo y que ha levantado una enorme polémica entre los propietarios de fincas rústicas. De hecho, las alegaciones a este cambio del Plan Territorial Insular ‘encubierto’ (según el Partido Popular) se cuentan por centenares. Aseguran desde el equipo de gobierno que ahora, más de diez años después de la entrada en vigor del PTI, es el momento de empezar a consensuar un nuevo modelo territorial para la isla. Sin embargo, los agentes implicados todavía están a la espera de dicha convocatoria por parte del Consell d’Eivissa.

· Bienestar social
La legislatura pasada acabó con el acuerdo entre ayuntamientos y Consell d’Eivissa para la construcción de un centro integral en es Gorg para todo tipo de casos de exclusión social. Un pacto que en 2016 se ha esfumado tras el desmarque del Ayuntamiento de Vila, que es quien aporta los terrenos. Al final, y ante la mirada pasiva de la máxima institución insular, que es quien paga, en es Gorg se levantará el centro de baja exigencia.

También anda buscando la consellera Lydia Jurado una ubicación alternativa al centro de menores. Dieciocho meses después Jurado todavía no ha logrado encontrar una solución, mientras que también continúa en el aire el futuro del Hospital–Residencia de Cas Serres.

Sin olvidar las críticas de las asociaciones relacionadas con el bienestar social por la tardanza en el pago de las subvenciones por parte del Consell d’Eivissa y el malestar que generó entre los socialistas que Jurado echara las culpas al conseller d’Hisenda.

· Vivienda
La vicepresidenta y responsable del departamento de Habitatge, Viviana de Sans, sacó pecho semanas atrás por haber mediado en una veintena de casos de desahucio y encontrado una solución permanente a cuatro de ellos.

También esta legislatura se ha abierto de nuevo la oficina del Ibavi, que se ha situado en la sede de la máxima institución insular.