Ángeles Gallardo durante su presentación junto al alcalde Pep Tur ‘Cires’ y la regidora Aída Alcaraz.

La Delegación del Gobierno en les Illes Balears instó ayer al Ayuntamiento de Sant Antoni a anular la contratación del nuevo cargo de directora de Seguridad, responsabilidad para la que fue contratada María Ángeles Gallardo hace dos meses.

Según informó un portavoz de la Delegación del Gobierno, esta institución advirtió al Ayuntamiento portmanyí sobre la irregularidad de la situación tras tener un informe negativo resuelto por el interventor municipal.

Las mismas fuentes explicaron que los servicios jurídicos consideran que la contratación de María Ángeles Gallardo «no se ajusta a la ley ya que supone un incremento del gasto público».

A este hecho se suma la creación de una nueva plaza eventual, dos aspectos impedidos por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Actuación de oficio

Las mismas fuentes apuntaron que la Delegación del Gobierno actúa de oficio y revisa este tipo de contrataciones por parte de las corporaciones locales.

Esta decisión llega después de que la Delegación pidiera al Ayuntamiento de Sant Antoni más información sobre el contrato de la directora técnica de Seguridad, debido a que contaba con un informe negativo del interventor municipal.

Una vez comunicada la irregularidad cometida, el equipo de gobierno de Sant Antoni debe decidir si acepta el requerimiento o lo rechaza.

En caso de no cumplirlo, el caso será visto por en el Juzgado Contencioso Administrativo, señalaron las mismas fuentes.

Polémica

La contratación y nombramiento de María Ángeles Gallardo como directora de Seguridad ha estado envuelto por la polémica ya que supuso relegar a un segundo plano al jefe de la Policía Local de Sant Antoni, Javier Verdugo, quien se encuentra de baja.

Verdugo es el agente de mayor rango en la plantilla de la Policía Local de Sant Antoni, pero la dirección del cuerpo quedó en manos de Gallardo desde su contratación el pasado diciembre.

Por su parte, fuentes municipales apuntaron que el Ayuntamiento «no ha recibido resolución alguna de Delegación del Gobierno. Es más, esta ha notificado al parecer su decisión a los medios de comunicación antes que al propio Consistorio», según puntualizaron.

Las mismas fuentes añadieron que, «con independencia de ello, tras la publicación definitiva del presupuesto y la plantilla correspondientes al ejercicio 2016, en el que se crea oficialmente la plaza de directora técnica de seguridad, se ha procedido al nombramiento con carácter previo a cualquier resolución, puesto que no se ha recibido ninguna resolución».