Los arquitectos estiman una recaudación de hasta 15 millones en el primer año de amnistía urbanística

Aunque estos días se conocerá la cifra definitiva, los últimos datos que manejaba el Colegio de Arquitectos es que se habían visado en la isla un total de 553 expedientes, que se han acogido al proceso de legalización de viviendas fuera de ordenación de la primera Ley del Suelo de Balears. Una normativa, que el nuevo Govern balear quiere modificar, tal como anunció el conseller ibicenco de Territorio, Joan Boned, y que implica la eliminación de esta amnistía para las casas rurales en suelo rústico.

Coste

El pasado 5 de junio concluyó el primer año de aplicación de esta medida, que permite regular construcciones que se hicieron sin permiso en suelo rústico hace más de ocho años y que la administración no puede dar orden de derribo porque la infracción urbanística ya ha prescrito. Los propietarios que se han acogido hasta entonces a la normativa deben pagar una multa del 15% del coste de legalización, mientras que la sanción asciende al 20% si se lleva a cabo en el segundo año y al 25% si se espera al tercer año.

El presidente de los arquitectos, Iván Torres, detalló que además de los 553 expedientes, cuatro entraron el mismo día y 21 estaban pendientes de corregir tras detectar problemas y que ya entrarán en el segundo periodo con el consecuente aumento de la multa.

Torres aseguró que el número de expedientes demuestra el «éxito de la medida» y destacó que no solo ha dado trabajo a los arquitectos, sino también al sector de la construcción porque «muchas casas, aunque se pudieran legalizar, necesitan medidas correctoras». En este sentido, detalló que los arquitectos se encargan de analizar su cumplimiento respecto a las normativas de habitabilidad o medio ambiente y deciden las modificaciones que se tienen que hacer. Por ejemplo, en muchos casos se exige que el vallado sea de piedra o pintado de blanco porque la normativa paisajística no permite que sea de bloque o se obliga a contar con una fosa séptica ecológica de tres compartimentos. Además realizan recomendaciones como instalar placas solares, o poner un aislamiento para que no entre tanto el frío y el calor.

Excepciones

Durante el primer año del proceso de legalización también se han dado casos de propietarios que no han podido legalizar su vivienda. Por ejemplo, casas que estaban en suelo protegido por la Ley de Espacios Naturales (LEN) que se construyeron después de 1991, cuando solo se pueden legalizar las que son anteriores a esta fecha, o viviendas que estaban en zonas que estaba prohibida su regulación.

Desde la entrada en vigor de la normativa, en junio de 2014, se abrió un plazo de legalización de tres años, en la que los propietarios también deben asumir el coste de la licencia y de las obras de mejora que requiera la normativa municipal para obtener la cédula de habitabilidad.