La diputada autonómica del PP Menorca Asunción Pons. | Douglas Gonz

La portavoz del Grupo Popular en materia de Agricultura en el Parlament, Asunción Pons, ha manifestado que la primera Ley Agraria de Balears, promovida y redactada durante esta legislatura por el Govern, da respuesta a los problemas del sector agrario de las islas, cubre el actual vacío legislativo y elimina los obstáculos de las normativas territoriales, urbanísticas y medioambientales que «dificultan la actividad agraria y complementaria».

Tal y como ha destacado, este anteproyecto «es fruto del acuerdo, tras muchas reuniones en las que han sido analizados y debatidos todos los aspectos, porque ha sido redactado con la participación y las aportaciones de las organizaciones profesionales» del archipiélago. Según ha apuntado, se trata de un instrumento «para dignificar el trabajo de los profesionales y aumentar sus rentas».

En relación a las críticas de la oposición, Pons ha aseverado que «con sus críticas, PSOE y MÉS vuelven a dar la espalda al sector agrícola-ganadero y ponen de manifiesto su profundo desconocimiento de cuál es la realidad del sector, sus necesidades, demandas y reivindicaciones, y las soluciones que es preciso aplicar para garantizar su continuidad como actividad estratégica por su positiva incidencia sobre el territorio, el paisaje y el medio ambiente de Balears».

En este contexto, Pons ha denunciado que, «después de haber demostrado su desinterés por el sector primario con la supresión, durante el Govern del Pacte, de la Conselleria de Agricultura, ahora socialistas y nacionalistas persisten en sus errores al rechazar una ley que fomenta la inversión y el empleo en el sector, y facilita la gestión activa del territorio y el medio ambiente desde la actividad agraria».

«El PP, a diferencia del PSOE y MÉS, ha recuperado durante esta legislatura la Conselleria de Agricultura y le ha dado un nuevo impulso, ha liquidado los 30 millones de euros en ayudas agrarias y ganaderas que dejó sin pagar el Govern del Pacte y, por primera vez en la historia del campo de Balears, ha conseguido poner de acuerdo al sector en torno a un anteproyecto de Ley Agraria, dando respuesta a esta antigua demanda», ha declarado la diputada.

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Tal y como ha señalado, Balears no había abordado hasta ahora la promulgación de una ley que, desde un planteamiento global, regulase la agricultura y el desarrollo rural, un sector que «no puede tener el carácter residual que le otorgan el PSOE y MES porque sus profesionales gestionan más del 80 por ciento del territorio del archipiélago», ha asegurado Pons.

«Sobrecostes y desventajas de la insularidad»

Es más, ha manifestado, este sector «padece en Balears los sobrecostes y desventajas de la insularidad, que provocan la escasa rentabilidad de las explotaciones agrarias, su abandono progresivo y el deterioro del medio rural. A todas estas cuestiones da respuesta la Ley Agraria».

Además, tal como ha manifestado la Mesa Agrària de Mallorca -que aglutina la Associació Intersectorial Agrària, Fora Vila, Unió de Pagesos de Mallorca, Associació Balear de Porcí y Pagesos de Sa Pobla- «será la primera vez, desde su constitución en 1983, que el Parlament debate una ley para las personas que viven y trabajan en el campo; esto ya lo dice todo».

Esta asociación, ha indicado Pons, ha propuesto un «debate de futuro y constructivo», que «rehúyen PSOE y MÉS con su rechazo frontal al anteproyecto de Ley Agraria por motivos puramente partidistas, negándose a valorar el gran esfuerzo realizado y el consenso conseguido, y poniendo el acento en aspectos secundarios que no constituyen la columna vertebral de la ley, con el único propósito de desviar la atención».