Los propietarios quisieron empezar las obras hace años, pero fueron paralizadas | Marco Torres

La Comissió de Medi Ambient del Govern balear se pronunciará hoy sobre la propuesta del Ayuntamiento de Sant Joan de construir 30 viviendas en la zona de Benirràs, un proyecto que siempre ha sido muy criticado por los ecologistas.

Tras años de polémica, el Consistorio alcanzó el año pasado un acuerdo con los propietarios de las parcelas para dejar construir esta treintena de viviendas unifamiliares con menos edificabilidad de la que había prevista inicialmente. En las Normas Subsidiarias se contemplaban 63 viviendas plurifamiliares (bloques de apartamentos) y 40 unifamiliares, una cifra que siempre se había tratado de rebajar para evitar el impacto de construir bloques de pisos en una de las últimas calas vírgenes de Eivissa.

Ahora este plan especial debe pasar por el máximo órgano ambiental de Balears para obtener su aprobación. Según explicó ayer el alcalde de Sant Joan, Antoni Marí Marí, Carraca, Medi Ambient les tiene que decir «si todo está correcto» para poder continuar con la tramitación. «Nuestro compromiso era reducir la edificabilidad, que se hiciera algo integrado en el paisaje, cuidando la sostenibilidad y marcando lo que es urbano y lo que no», remarcó el primer edil. «Ahora Medi Ambient nos tendrá que decir si es viable o no», agregó el primer edil, que indicó que la propuesta la ha elaborado un equipo técnico para adaptar los criterios municipales a la normativa actual.

Cuando llegaron los progresistas al Govern en 2007 intentaron parar la edificación de este espacio protegiéndolo como Área Natural de Especial Interés (ANEI) a través de la ley 4/2008, pero esta normativa fue derogada hace dos años por los populares de forma indirecta a través de la ley 7/2012.

A partir de ahí el Ayuntamiento plasmó esta solución con 30 viviendas en un plan especial que califica como urbana toda esta zona aunque rebajando el número de casas.

El Ayuntamiento de Sant Joan siempre defendió un acuerdo con la treintena de propietarios de la zona para evitar las millonarias indemnizaciones que habían pedido (50 millones).