Marcos Martínez en la sede del colegio profesional. | ANA ISABEL GARRIDO SANCHEZ

El colegio de Graduados Sociales abrió sus puertas en Eivissa el pasado mes de marzo. Desde entonces, los 43 colegiados atienden una vez a la semana de manera gratuita a todo aquel trabajador o empresario que tenga dudas relacionadas con el derecho laboral. Marcos Martínez, delegado de este colegio profesional en las Pitiüses y vocal de la junta de Gobierno de Balears, afirma que los juzgados viven una situación de «sobrecarga» por las consecuencias de la reforma laboral, que genera unos retrasos «muy grandes» en la resolución de las demandas.

—¿Cuál es la labor exacta de un graduado social?

—Ofrecemos asesoramiento a tanto empresas como a trabajadores de toda la regulación en el derecho laboral.

—¿Qué valoración hace de los primeros meses de vida de este colegio profesional?

—Estamos muy contentos, porque hemos conseguido una petición histórica. Hemos hecho unos cuantos cursos de formación y especialización en el tema de jubilación, puesto que ha habido cambios importantes en los últimos tiempos, y sobre el procedimiento administrativo de presentación de los expedientes de regulación de empleo. Una de las intenciones que tenemos es fomentar la formación continúa en todos los ámbitos laborales.

—¿Qué consultas han recibido durante estos meses?

—Sobre todo son despedidos, reclamaciones de cantidad y trabajadores que vienen a informarse de sus derechos laborales. No vienen muchas consultas por incapacidad. Ahora mismo hay muchas empresas que no cumplen la legislación en cuanto a contrataciones.

—¿Eso ocurre más este año?

—Siempre ha habido, pero este año la gente está muy asustada por perder el empleo y hay muchos que se callan por este temor.

—¿Las empresas se aprovechan de ese temor del trabajador?

—Podría ser, aunque hay muchas empresas que pasan dificultades y el gasto que supone un trabajador cumpliendo toda la legislación laboral es bastante alto. Muchas veces se arriesgan, aunque hay que mencionar que las sanciones económicas de Inspección de Trabajo por incumplimiento de las contrataciones han subido bastante.

—¿Cuál es la principal consecuencia de la reforma laboral para el trabajador?

—Se le ha quitado bastante fuerza a la hora de reclamar las causas del despido, porque la reforma laboral lo que ha hecho es suprimir los salarios de tramitación. La reforma laboral está dando mucho más trabajo a los juzgados. Se está incrementando bastante el trabajo. Vivimos cierta incertidumbre en este sentido; tenemos sólo una magistrada de lo social en Eivissa y hay una sobrecarga tan grande en los juzgados que supondrá unos retrasos muy grandes en el tiempo desde que se presenta la demanda hasta el día del juicio. Estamos presentando demandas cuyos juicios saldrán de medio año en adelante.