Es de justicia que se encuentren los restos de Jaume Escandell y de Francesc Tur, y de otros asesinados en la Guerra Civil, contienda fraticida cuyo pistoletazo de salida fue otro asesinato, el de Calvo Sotelo, aunque su precedente estructural fue la explosiva Asturias de 1934 y su momento publicitario culminante, cuando la Puerta de Alcalá se llenó con grandes paneles con el careto de un genocida Stalin.
Nadie puede negar que las familias de ambos lados sufrieron y mucho, a veces incluso la misma familia porque tenían un hijo combatiendo en un lado y otro en el contrario. Algunos fueron fusilados solo por ser curas casi adolescentes, otros, con el mismo apellido, por ser simpatizantes de la izquierda como Francesc Josep Tur Planells (por cierto, su ficha está en el Archivo de la Memoria Histórica, fichero 66, 1937, aunque no he podido verla de momento) o por ser cartero del pueblo y de derechas, como Torres Planells.
La Administración tiene la obligación de buscar a quienes sus familias quieran enterrar honorablemente; pero a lo que no tiene derecho la Administración ni la Memoria Histórica ni Pablo Iglesias es, en 2018, asfixiar a toda la sociedad española con el guerracivilismo. La Historia está para estudiarla y para no repetirla, no para cainizar y desviar a la gente de los verdaderos problemas que son el paro y las pensiones; y de los verdaderos objetivos: modernizar el país con planes económicos a largo plazo y no destrozarlo a base de electoralismo coyuntural.
La Guerra Civil impidió a España convertirse en un país moderno, desgraciadamente la república moderada de Ortega y Marañón no siguió su curso natural y se sovietizó. Recordemos que Largo Caballero recibía cartas con órdenes directas de Stalin, mientras Negrín le mandaba las cuartas reservas de oro más importantes del mundo.
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