Pero como la imputada ahora no es del PP, sino de GentxFormentera, pues no hay por qué tomarse tantas molestias. A fin de cuentas en el caso que nos ocupa quien advirtió que podía haber delito fue un juez de lo contencioso administrativo de Palma, que ordenó a la Fiscalía tomar cartas en el asunto y si lo consideraba pertinente, que se presentase una querella, cosa que hizo.
El caso que les narro ya ha obligado a desfilar por los juzgados a todo un presidente del Consell de Formentera, al gerente de la institución y a una consellera insular, además de a la citada diputada que era consellera cuando acontecieron los hechos. Pero ¿a que les suena poco el caso? Poco o nada, mejor será decir.
Es muy razonable no dar importancia a una investigación penal si no afecta a un político del PP. Y tampoco hay por qué escandalizarse de que dicha diputada fuese por segunda vez al juzgado, porque en la primera ocasión en que fue citada no llegó a declarar. La jueza, por ciencia infusa a decir de las explicaciones de Silvia Tur, llegó a la conclusión de que la persona citada era diputada del Parlament y por tanto, gozaba de aforamiento.
La diputada en cuestión, como ahora es la moda, se ha mostrado a favor de retirar los aforamientos. A los demás, cabría decir. Ella niega haberse acogido a su aforamiento para evitar declarar, pero lo cierto es que no declaró. Lo hizo el jueves, una vez que el juzgado recibió la certificación del Parlament de que la señora de Formentera goza de fuero especial, al que no ha renunciado que sepamos.
Este episodio de escandalosa hipocresía política, que lleva a una representante de los ciudadanos a votar a favor de suprimir los aforamientos, pero cuando ella es imputada por un delito, echar el acta de diputada por delante para ver si así sale mejor parada, no tiene mayor importancia. Lo tendría si su señoría fuera del PP, pero como no lo es, pelillos a la mar.
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