Joan Miquel Perpinyà14/07/18 19:01
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Que la Justicia es posiblemente el servicio público esencial que peor funciona en España es algo fácilmente constatable. Que ello es debido a que no recibe la inversión económica que debiera, es obvio. Además ya nadie defiende lo contrario, de modo que no hay discusión. Ningún Gobierno ha hecho nada para solucionar las carencias de la Administración de Justicia.

Pero al margen de consideraciones presupuestarias, la ciudadanía contempla atónita determinadas decisiones judiciales que son muy difíciles de comprender y que nadie se toma la molestia de explicar, seguramente porque no tienen explicación posible.

Ayer mismo conocimos la sentencia de un juzgado de Ibiza que condena a 3 años, 4 meses y 15 días de cárcel al conductor de un todoterreno que el 29 de abril del año pasado atropelló a dos ciclistas y mató a uno de ellos, Daniel Viñals de 34 años. Se fugó del lugar sin socorrer a la víctima. Solo 400 metros más allá estampó el vehículo contra un muro y allí lo dejó, marchándose a su casa.

Cuando la Guardia Civil de Tráfico le localizó en su cama durmiendo -casi en coma- y le hicieron las pruebas correspondientes, dio positivo en alcohol, cocaína y metanfetamina. Pese a acabar con la vida de una persona, solo ha sido condenado a 3 años y 4 meses y medio de prisión. ¡Qué barato!

Maria Antònia Munar cumple en la cárcel de Palma varias condenas que suman 13 años. Josep Juan Cardona cumple en la de Ibiza una de 16 años. No han matado a nadie ni jamás han supuesto ningún peligro potencial para la vida de nadie. ¿Alguien puede entender esta disparidad en los castigos? No contentos con eso, la Administración Penitenciaria ha denegado sistemáticamente los permisos de fin de semana que han solicitado Munar y Cardona, que llevan 5 años sin pisar la calle aunque no mataron a nadie. Pese a que tienen derecho a breves permisos según la Ley al cumplir una cuarta parte de la condena, les fueron denegados.

¿Acaso hay temor a que se fuguen? ¿Acaso se piensa que pueden cometer otros delitos aprovechando esos breves paréntesis de libertad vigilada? Nada de eso. Se trata sencillamente de triturar sus derechos. Porque aunque estén presos, tienen derechos que hay que respetar. Y sistemáticamente la Administración deniega a los presos por corrupción los permisos que solicitan y tiene que ser la Audiencia Provincial quien se los conceda, reconviniendo al juzgado de vigilancia penitenciaria, convertido ya en un triste apéndice de Instituciones Penitenciarias.