Hace unos días este mismo Periodico publicaba la entrevista que concedí a mi paisana Amàlia Sebastián, en la que tuvimos la oportunidad de dar cuenta del proyecto de implantación de la administración electrónica que estamos llevando a cabo en el Consell Insular de Ibiza. Vaya por delante que este no es un proyecto de un partido político u otro, sino del Consell a nivel institucional, en cumplimiento de la ley y en beneficio de la ciudadanía y de un mejor servicio público. Y aunque todo esto les parezca simplemente «bien», precisamente como ciudadanos se podrían preguntar... ¿En qué me beneficia a mi la Administración Electrónica?
En mucho. Podríamos agrupar los numerosos beneficios en tres grupos:
a) eficacia/eficiencia.
b) ahorro/reducción de cargas administrativas.
c) transparencia/lucha contra la corrupción.
a) Eficacia y eficiencia. La tramitación electrónica no es solo un cambio de formato. Los plazos se acortan, y sobre todo, se cumplen. Se ahorra tiempo en la fase de tramitación porque ahora está protocolizada y en parte automatizada. Por ejemplo, se sustituyen muchas firmas por «sellos electrónicos». En consecuencia también se ahorran recursos internos. Se cumple con la legalidad, lo cual reduce la litigiosidad entre administración y particulares. Se cumplen los objetivos porque se han fijado previamente. Mejora la calidad y la eficiencia del servicio público a través de controles electrónicos. Ello redunda en una mejora de la calidad del servicio público con más efectos positivos colaterales: por ejemplo, la reducción de papel mejora el medio ambiente, lo cual supone también una mejora de la calidad de vida.
b) Ahorro y reducción de cargas administrativas. Los ciudadanos se ven beneficiados de ahorros directos e indirectos como consecuencia de la tramitación electrónica, incluso si siguien utilizando el sistema presencial, ya que se les va a pedir mucha menos documentación como consecuencia de la simplificación de trámites. Por ejemplo, se va a solicitar una ‘declaración responsable’ en lugar de varios documentos de los que antes se exigían. También recabaremos documentos de otras administraciones públicas en nombre del ciudadano, con su autorización, para que nos los tenga que presentar (p.ej.: un certificado de estar al corriente de sus obligaciones con la Seguridad Social). Se le va a permitir firmar de forma biométrica (con un lápiz óptico sobre una pantalla), obteniendo copia y un recibo de los documentos presentados, los cuales serán en todo caso digitalizados por la administración para proseguir con su tramitación íntegramente electrónica. Quienes utilicen además la sede electrónica porque así lo deseen (salvo el caso de empresas, asociaciones y algunos profesionales que están obligados), ahorrarán también en tiempo y desplazamientos, realizando sus trámites administrativos de la forma más cómoda posible. Para ello de momento se exigirá un certificado electrónico (como el eDNI), pero con el tiempo bastará la mera identificación electrónica (modelo Agencia Tributaria).
c) Legalidad/transparencia. Lo electrónico deja rastro, es imposible de manipular. El procedimiento se basa en la trazabilidad y en la seguridad y fehaciencia del documento electrónico. Dichos documentos, así como cualquier otra información que obre en poder de la administración, son accesibles de acuerdo con la Ley de transparencia, pudiendo en todo caso el interesado en un procedimiento acceder al mismo a través de la sede electrónica, incluso antes de la fase de resolución del expediente (la notificación se realizará a través de la sede o por carta, a elección de la persona). En cuanto a las empresas y proveedores, la licitación electrónica aumenta la posibilidad de concurrir a los contratos públicos, y también aumenta la posibilidad de resultar adjudicatario (incluso para PYMEs). Además, la facturación electrónica reduce los periodos de pago. Esta tercera ventaja de la administración electrónica mejora la calidad democrática, la percepción de legalidad y fomenta el llamado ‘buen gobierno’.
En definitiva, es esta, y no otra, la administración que merece el ciudadano, el esforzado contribuyente. Usted. Los responsables públicos no merecemos un aplauso por hacer lo que dice la Ley, qué menos, ni por intentar dar el mejor servicio público posible. Ustedes lo pagan con sus impuestos. También aprovechamos para pedir paciencia, porque tampoco merecemos según qué varapalo por las pequeñas molestias y errores que podamos causar y cometer en este momento, un periodo que podríamos denominar transitorio, en el que deben creerme cuando les digo que estamos dando todos los pasos necesarios para que el Consell Insular, y todas las instituciones públicas de la isla, Ayuntamientos por supuesto incluidos, funcionemos en pocos meses de la manera óptima que hemos descrito. Pronto, muy pronto, visualizarán todas estas ventajas. Gracias.
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