El inaceptable intento de secesión, como llamó el Rey de España a lo que están perpetrando los independentistas catalanes, ya tiene una ristra de números rojos en la economía de la región y un impacto muy negativo que se puede valorar en la economía de otras regiones y por supuesto de la española. Ya no hablamos únicamente del número de empresas que han decidido cambiar su domicilio social o fiscal, ni de su tamaño, las hay grandes, medianas y pequeñas ni del impacto que eso tendrá a la hora de valorar el PIB de Cataluña. Cierto que ya a esta hora son bastantes más de 1.300 y que lo hacen al insoportable ritmo de 16 por hora y que el jueves pasado se batió el récord con la salida de 268. Ya estamos hablando de caídas importantes de la inversión, del consumo en grandes superficies, en las pequeñas tiendas, reservas de hoteles, venta de coches, compra-venta de viviendas, consumo de energía y un largo etcétera que están poniendo en riesgo el crecimiento previsto para Cataluña, pero también para España. La preocupación es máxima por el daño que todos estos movimientos y caídas de la demanda y la producción puedan causar y causan en el empleo. De hecho, en las nuevas previsiones enviadas por el gobierno a Bruselas se prevé que se pueden llegar a perder unos 75.000 puestos de trabajo. Hay que esperar que tras la aplicación del 155 se restablezca la legalidad en Cataluña.