N. VerderaEivissa30/09/17 4:01
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El Govern balear rebajará la exigencia de la lengua catalana según el personal disponible para cubrir las plazas, pero los profesionales de categorías deficitarias tendrán dos años para acreditar la competencia lingüística. La verdad es que hay mucha oposición contra el decreto del catalán y, por su parte, Carmen Santos, la nueva gerente del hospital Can Misses, ha manifestado que ningún servició médico quedará desatendido. Yo no tengo nada de nada contra mi lengua materna: la catalana, pero me parece que el Govern se equivoca con su planteamiento lingüístico relacionado con todo el personal médico ya que lo principal es que sean buenos profesionales y lo de la lengua es lo de menos. Ciertamente, si se exigen conocimientos del catalán a la clase médica, también se lo deberían exigir a las Fuerzas de Seguridad del Estado, a los funcionarios públicos y a una larga lista de personas que aquí ejercen variadas labores. En cambio, opino que sería mejor tratar de solucionar el problema del alojamiento construyendo edificios para el personal que viene de fuera y que no pueden pagar alquileres desorbitados. Por ejemplo, es muy de agradecer a Pepe Balanzat, exgerente de Can Misses, que habilitase habitaciones en el viejo hospital, que incluso serán usadas por formenterenses que tuenen familiares ingresados. Vayan a lo positivo, a la realidad, y traten de gobernar para todos, todos, sean foráneos o aborígenes.

Lucha contra el ruido
Me parece muy loable que PSOE y Guanyem en el Ayuntamiento de Eivissa tengan la voluntad real de mejorar la calidad de vida del vecindario y de combatir la contaminación acústica en base a medidas que están tomando en materia de movilidad, tráfico y urbanismo, siempre teniendo en cuenta que la contaminación acústica constituye un grave problema para la salud pública. Y aprovechando el momento en que se ha decidido combatir el ruido, diría que ha llegado la hora que acabar con los altos volúmenes musicales que producen muchos establecimientos de ocio.

No es fácil solucionarlo, pero sí puede hacerse con unas buenas y actualizadas ordenanzas municipales, exigiendo la insonorización de los locales y obligando a instalar limitadores de volumen, siendo un buen sistema que esté conectado a las dependencias de la policía local. Y aplicando fuertes sanciones económicas rápidas y que no se pudran en el tiempo. Sería una buena medida para demostrar que los gobernantes están dispuestos a finalizar con el ruido que atenta contra la salud y la tranquilidad.

En cuanto a los ‘party boats’ que con sus potentes altavoces surcan las aguas litorales del municipio molestando de manera exagerada a los vecinos y a los visitantes, cabe recordar una vez más que la lucha contra la contaminación acústica en la mar (lo dice la Ley del Ruido publicada en el BOE) corresponde las autoridades. Es decir, a la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil del Mar. Digo yo.