Está pasando relativamente desapercibido el escandaloso desastre de las energías renovables con el que nos obsequió uno de los gobernantes más vacuos, irresponsables y nefastos de la Historia de España, pródiga, por lo demás, en esa funesta especie.

El fallo de la Corte Internacional de Arreglo de Diferencias del Banco Mundial dando la razón a una empresa del sector en su demanda contra el Gobierno español, al que sin duda seguirán muchos otros, tendrá una factura durante los próximos años de miles de millones de euros. Se trata de uno de los mayores desastres económicos que se recuerdan en España y es consecuencia de una combinación de incompetencia política y fanatismo ecologista a la moda. Quienes se alarman hoy por el «calentamiento global» parecen desconocer que hace siglos se cultivaba la vid en Inglaterra y que Groenlandia significa «tierra verde» (grøn land). También dejan de lado, deliberadamente, que la producción de paneles solares genera algunos de los más potentes gases de efecto invernadero: el trifluoruro de nitrógeno y el hexafluoruro de sulfuro, que tienen un impacto miles de veces mayor que el dióxido de carbono en el supuesto calentamiento global.

El coste que esta aventura ecologista financiada por el Erario ha tenido hasta ahora se cifra en unos 85.000 millones de euros, aunque el total que habrá que afrontar en el futuro puede alcanzar los 200.000 millones, unos 4.400 euros por ciudadano: un negocio redondo.

La construcción en 2007 de dos plantas de generación de energía termosolar en Sanlúcar de la Mayor (Sevilla) contó con una inversión de 1.200 millones de euros por parte de Abengoa y fue subvencionada en parte por la Junta de Andalucía. España se convirtió así en el líder mundial en la generación de este tipo de energía con un total del 65 por ciento de la cuota mundial (?). En otras palabras, en ningún otro lugar del planeta se alcanzaron cotas tan altas de estupidez y España quedó sola en la generación de una energía imposible de rentabilizar.

El pasado 5 de mayo, la citada Corte del Banco Mundial emitió un veredicto en el proceso que enfrentaba al Gobierno español con la firma británica Eiser Infrastructure Limited por la reducción de las subvenciones a las energías renovables. De acuerdo con el veredicto, el Gobierno deberá pagar a la firma británica 128 millones de euros en compensación por la retirada de subvenciones que pusieron al descubierto la rentabilidad negativa de las inversiones en ese tipo de energía. Siendo yo embajador en Copenhague, recuerdo la visita que me hicieron algunos inversores daneses que, a la vista del recorte retroactivo de subvenciones, me preguntaron si mi país se había convertido en una república bananera.

Todo ello es el coste de una irresponsabilidad política sectaria que, más de una década después, todos los españoles tendremos que pagar sin que se haya depurado ninguna responsabilidad por semejante fiasco con dinero público. Luego hablan de cien años de honradez.