Una persona formada y razonable me comentaba hace unos días que superar los contratos menores es algo habitual en la administración. Es normal que se rebasen los 18.000 euros por algún despiste o por razones de urgencia. Por ejemplo, para pagar al concesionario del cátering de una escoleta, a un proveedor de un centro asistencial o para abonar un servicio urgente. Nada que decir. Lo más discutible es que se incumpla la ley a sabiendas, que se pasen por el arco del triunfo los informes del interventor, que se ningunee a los funcionarios municipales y que, además, ni se dignen a dar una mínima explicación convincente (lo del pleno de ayer es de chiste) por respeto a los ciudadanos. La ley son ellos, deben pensar. Seguramente lo de los contratos menores ocurre en todos los ayuntamientos, como me decían, pero eso no justifica que no se cumpla la ley. Si se considera que la actual ley es un absurdo, que la cambien. Ningún problema. Es posible que así sea. El problema, y lo sabemos por experiencia, es cuando actúa la justicia. Cuando un fiscal no admite que se paguen 25.000 o 30.000 euros por un servicio fundamental para los ciudadanos, y que solo sirve para acallar bocas y mantener estómagos agradecidos. Si lo del ‘gurú’ de Barceló es un escándalo, que lo es, también deberíamos analizar si invertir 480.000 euros en construir un campo de fútbol en Formentera y no hacer concurso público merece alguna fiscalización. Lo digo porque con un concurso igual hubiese salido más económico para los ciudadanos. Solo por eso deberían dar explicaciones, pero eso ya es pedir demasiado. Prefieren que pase la tormenta.