El estudio que se pretende llevar a cabo por encargo de la Conselleria de Salut pone el foco en un problema que, hasta ahora, estaba pasando desapercibido: la pobreza farmacológica. Se trata de ciudadanos cuya escasez de recursos les impide adquirir los medicamentos que se les han prescrito por no poder hacer frente al copago de los mismos, un fenómeno nuevo pero real del cual se desconoce su verdadera dimensión. La crisis, a pesar de la indudable mejora de los principales indicadores económicos, mantiene vivos recovecos que son el reflejo de la escasez de recursos en aquellos colectivos y segmentos sociales más castigados.

Del abuso a la asfixia económica.
La implantación del copago para las personas jubiladas fue una de las medidas que se implantaron en 2012 para rebajar los costes del sistema sanitario español, una acción del Gobierno que también se justificó en la necesidad de atajar los abusos. Entonces ya se advirtió del grave error que suponía aplicar una medida como ésta de una manera indiscriminada, obviando un parámetro esencial como el de los niveles de renta. Cuando es conocida la existencia de personas que no pueden hacer frente a los gastos de los consumos de gas y electricidad, la llamada pobreza energética, no debe extrañar que también existan casos que se engloben en la pobreza farmacológica.

Control y eficacia.
Es probable que haya situaciones que expliquen el enorme gasto farmacéutico que genera el Sistema Nacional de Salud y del que Balears, por desgracia, no es una excepción. Combatir el eventual abuso o fraude en el consumo de medicamentos no puede ser un pretexto que justifique que se impongan unos costes que resultan insostenibles para economías familiares muy debilitadas, con unos ingresos que apenas resuelven la mera subsistencia. El tener que reclamar más atención para los débiles debería abochornar al Gobierno, que mantiene vigentes normas injustificables.