Imagen de la reunión que se produjo ayer entre el Govern y las patronales náuticas.

Balears es uno de los principales mercados de chárter náutico –alquiler de barcos– de España y del Mediterráneo, lo que ha conllevado una proliferación de barcos que llevan a cabo la actividad de forma ilegal. Para ello, el Govern endurecerá las sanciones de cara a la próxima temporada. Así lo anunció ayer el director general de Ports y Aeroports, Xavier Ramis, tras reunirse con el resto de administraciones implicadas y con los empresarios del sector.

En estos momentos las infracciones graves se castigan con multas de entre 500 y 10.000 euros y las muy graves con 100.000 euros, según Ramis, quien baraja sanciones «en paralelo» a las que recoge la Ley de Turismo, que llegan a los 40.000 para los propietarios que infringen la ley y a los 400.000 en el caso de los portales que no cumplen la normativa. Al igual que ocurre con el alquiler turístico de viviendas, en el mar también es difícil poder sancionar, ya que, en muchas ocasiones se argumenta que se trata de amigos del propietario y/o capitán de la embarcación.

Registro

Uno de los primeros pasos que ya se ha puesto en marcha para ordenar el sector es el registro balear de embarcaciones dedicadas al chárter náutico, que cuenta ya con 2.722 barcos inscritos, «prácticamente el 50 % de los que desarrollan la actividad en las Islas», dijo Ramis. Así, existen casi 3.000 que ofrecen los servicios de chárter náutico de forma ilegal, una cifra muy superior a los 60 expedientes que ha abierto la Direcció General de Ports en los últimos tres años.

Sin embargo, el objetivo del Ejecutivo autonómico es poner todos los medios para combatir el intrusismo en el sector del chárter náutico. Para ello, trabajará de forma conjunta con el resto de administraciones. Además de incrementar las sanciones, Ramis anunció que incorporar una petición de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Balears (APEAM) para que todos los barcos que se anuncian en páginas webs incorporen el número de registro.

Los miembros de la junta directiva de APEAM Santiago Mayol y José María Jiménez explicaron la dificultad que supone competir con los barcos que realizan la actividad de forma ilegal ya que «no pagan amarres, no tienen puerto base, no tienen sistema de retirada de aguas fecales en el barco o el patrón, en ocasiones, no dispone de titulación oficial». Además, ha supuesto un descenso de negocio para las empresas legales, que este verano se sitúa entre el 10 y el 15 % por debajo de la actividad del pasado verano.