El juez archiva el ‘caso Minerval’ porque considera que la instrucción ha demostrado que el catedrático de la UIB, Pablo Escribá, no engañó a nadie. El titular del juzgado de instrucción 9 de Palma, Enrique Morell, dictó ayer un auto en el que da carpetazo al asunto en la vía penal aunque envía las actuaciones a la Agencia Española del Medicamento por si se produjo una infracción administrativa grave en la comercialización del producto. El auto no es firme y puede ser recurrido por las acusaciones, tanto la Fiscalía como los afectados que se han personado en el caso.

El magistrado basa su decisión en que el delito de estafa exige que las víctimas sean engañadas para entregar dinero o bienes y que, en este caso, no lo fueron: «Los compradores son titulados superiores, algunos de ellos incluso médicos y sabían que se trataba de un producto en fase experimental, no de un medicamento de venta en las farmacias». Además, añade, «no se les aseguró su eficacia curativa». Es decir, los enfermos o sus familias eran conscientes de qué adquirían y que «se buscaba una alternativa para pacientes sin tratamientos convencionales aplicables que decidieron tomarlo o adquirirlo pues no tenían nada que perder».

Ante la falta de ese engaño se descarta que existiera delito a pesar de los donativos que sí se han constatado a la Fundación Marathon de Escribá. En la causa estaban imputadas cinco personas, además de este catedrático, su compañero Xavier Busquets, la mujer de Escribá y otros tres empleados. En el auto también se puntualiza que, de todos ellos, el único que tuvo algún tipo de participación en la venta del Minerval fue Escribá.

Desde que la Fiscalía formalizó la denuncia el pasado mes de febrero, el magistrado instructor ha tomado declaración a numerosas personas que adquirieron el producto. Independientemente del efecto que éste pudiera producir en los pacientes, todos coincidieron en señalar que sabían que era un producto alternativo y que se trataba de casos en los que, en la mayoría, ya se habían descartado tratamientos convencionales.

En contra de Escribá, el magistrado no da por buena su distinción entre el fármaco en pruebas Minerval y lo que tomaron los pacientes, que según el profesor era un complemento alimenticio diferente del medicamento experimental. Es por eso por lo que estima que existe una posible infracción administrativa. El auto recuerda que la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos impide que se ponga en el mercado ningún medicamento sin la previa autorización y sin haber obtenido todos los permisos. También apunta que se califica como infracción «muy grave» esta práctica.

El auto hace también una referencia a una denuncia particular que se produjo una vez estallado el caso sobre la distribución de otro compuesto por parte de Escribá, el Oleate Plus. En este caso, el magistrado señala que el propio correo electrónico que aportó la víctima y que le había enviado Escribá ya indicaba que se trataba de un complemento nutricional y no de un medicamento.

El caso surgió tras una denuncia de la jefa de Oncología de Son Espases que constató que algunos pacientes tomaban el medicamento. Tras una de sus quejas a la UIB, el Consell Social de la institución acudió a Fiscalía. Una investigación policial constató que se habían producido los pagos por el medicamento y a partir de ahí se produjo la detención de los dos catedráticos en abril.

LAS CLAVES

1-Los dos catedráticos siguen suspendidos por la Universitat balear

Los dos catedráticos investigados, Pablo Escribá y Xabier Busquets, siguen suspendidos por la Universitat y están en medio de un expediente disciplinario que tendrá que valorar ahora la decisión judicial de archivo de la causa. La entidad está personada en el caso como acusación.

2-Satisfacción en la Universitat por no haber indicios de estafa

El vicerrector de Investigació, i Internacionalització Jaume Carot, expresó ayer su satisfacción porque el auto no ve indicios de estafa, y declaró que la UIB elaborará un protocolo para garantizar las buenas prácticas y la ética y la integridad académicas en la labor investigadora.

3-La UE concedió seis millones de euros en julio para investigar

En paralelo al desarrollo de la causa penal, la experimentación con el Minerval ha continuado y en este tiempo se presentó en un congreso en Chicago y ha recibido una subvención de seis millones de euros por parte de la Unión Europea para que sigan las investigaciones.