R.I.Eivissa10/08/16 0:00
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La Guardia Civil ha registrado dos domicilios en el municipio de Sant Josep de Ibiza utilizados para la prostitución, y ha imputado a sus administradores y a un encargado como presuntos autores de un delito contra el derecho de los trabajadores y delitos relativos a la prostitución y la explotación sexual. Los registros se han desarrollado en el marco de la operación Totsuma, y han contado con la participación de la Policía Judicial de la Guardia Civil, apoyados por diferentes unidades de la Guardia Civil, subinspectores de ITSS, inspectoras de Hacienda y agentes de la Policía Local de Sant Josep.

En los domicilios se han identificado a más de treinta mujeres de diferentes nacionalidades que manifestaron estar en el lugar de manera voluntaria. Las mujeres residían en la misma vivienda, por la que pagaban 30 euros diarios, incluyendo comida y bebida, y su trabajo era controlado mediante un reloj pulsera que funcionaba como un dispositivo conectado a un sistema informático, que portaban durante toda la jornada laboral.

En los registros se ha incautado numerosa documentación de interés para la investigación, material informático, dinero y varias cantidades de sustancias estupefacientes como cocaína, marihuana y éxtasis. En uno de los locales se incautó munición de diferentes calibres. Además, al propietario de uno de los domicilios le consta una búsqueda, detención y personación en un juzgado de la Península.

La operación se ha realizado en el marco de la investigación que realiza la Guardia Civil en Baleares contra la Trata de Seres Humanos (TSH), controlando los lugares donde se pueda ejercer la prostitución, para dar protección a la víctimas.

Según el instituto armado, en este tipo de delitos «se conjugan una serie de modalidades delictivas» como amenazas, coacciones, agresiones sexuales, lesiones, falsificación de documentos, delitos fiscales o blanqueo de capitales entre otros.

La operación sigue abierta y se investigan supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social, así como un delito contra el derecho de los trabajadores.