Artículos falsificados incautados por valor de más de 2,6 millones de euros, cerca de 20.000 objetos peligrosos como punteros láser y 57 imputados. Son las grandes cifras que deja la operación Bonsái llevada a cabo por la Guardia Civil y la Agencia Tributaria en Eivisa y Mallorca.
En Eivissa, el operativo contra el fraude se focalizó en un local comercial de Sant Antoni, donde los agentes de la Policía Local colaboraron con el Instituto Armado y la Agencia Tributaria en la persecución de una organización dedicada a la distribución de productos falsificados mediante la venta ambulante irregular.
Según informó la Guardia Civil, a los implicados se les imputa la presunta comisión de delitos contra la propiedad industrial.
En el marco de la operación Bonsái se intervenieron 14.738 artículos falsificados y, además, se aprehendieron 19.721 objetos peligrosos para el consumo, entre los que destacan 1.279 punteros láser de gran potencia, susceptibles de ser empleados para crear interferencias en la navegación aérea.
Los artículos fueron intervenidos en locales y almacenes regentados por ciudadanos de origen chino, pakistaní y senegalés. Entre los artículos intervenidos se encuentran piezas de joyería de marca, complementos deportivos de marca, camisetas, gorras, gafas de sol y material de electrónica y telefonía móvil.
El desarrollo de la operación se enmarca dentro del plan permanente de actuación que la Guardia Civil y la Agencia Tributaria mantienen activo para combatir los tráficos ilícitos, así como proteger al comercio y defender al consumidor.
En Palma se llevaron a cabo registros en cinco comercios y dos almacenes; en seis locales ubicados en el puerto de Alcudia y en un local comercial de Magaluf.
La operación ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil y por la Dependencia Regional de Aduanas de la Agencia Tributaria en Baleares.
Durante la fase de explotación han participado inspectores de Consumo y Trabajo del Govern balear, así como las policías locales de Calvià y de Sant Antoni de Portmany.
Los agentes de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria han precintado locales y almacenes enteros donde la organización guardaba todos los productos que después eran distribuidos por las Islas.
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