Imagen de la parada de Isidor Macabich, este verano repleta de gente esperando subir al autobús.

Las primeras medidas que ejecutará el Consell d’Eivissa para tratar de modernizar el transporte público de la isla antes de que finalicen las concesiones vigentes, a finales de 2018, no tardarán en ver la luz. A lo largo de los próximos meses, el departamento de Transports i Mobilitat asumirá el control directo de los billetes expedidos gracias a la implantación del sistema de integración tarifaria.

Según entienden en la máxima institución insular, esta novedad «representa un gran avance» ya que por vez primera el Consell Insular asumirá el registro de los billetes vendidos, de los pasajeros que utilicen cada autobús y de qué título de viaje emplean para viajar.

Este sistema, según esgrimen responsables del área, «facilitará enormemente el análisis y la planificación de las necesidades y la valoración real de los costes de cada contrato programa», que ahora depende de la información que remite al Consell cada compañía concesionaria. Los contratos programa son todas aquellas ampliaciones de líneas o de frecuencias que se han introducido además de las concesiones originarias, a las que están obligadas las empresas y que son a ‘riesgo y ventura’.

Desde el punto de vista de los usuarios, según la máxima institución insular, la integración tarifaria permitirá que el mismo Consell pueda emitir las tarjetas de viaje personalizadas, con foto y con diferentes perfiles de descuento o de exención de pago según sectores de población.

Se creará un nuevo marco tarifario que contemplará descuentos multiviajes, exención de pago para jubilados, jóvenes, desempleados de larga duración y personas en riesgo o situación de exclusión social.

Ya no existirá la ‘tarjeta monedero’ actual, que debe solicitar el propio usuario al conductor, esperar días o semanas hasta recibirla y cuyo crédito prepagado caduca a los 30 días si no se utiliza.

Concesiones

Desde el Consell reiteran, no obstante, que los cambios más significativos en el transporte público insular no llegarán hasta el año 2019, cuando las nuevas concesionarias o una empresa pública –plan que defiende sobre todo el grupo de Podem-Guanyem– asuman la gestión del servicio.

La conselleria estudia incluir en los pliegos del futuro contrato una cláusula que obligue a las adjudicatarias a adquirir los vehículos seminuevos de las actuales concesionarias con el fin de que sigan modernizando la flota aunque no logren renovar la concesión.