Las patronales pitiusas y los sindicatos se unieron ayer para mostrar su rechazo a que se permita la comercialización de viviendas turísticas en Ibiza y Formentera.

Los representes de PIMEEF, Cambra de Comerç de Ibiza y Formentera, Fomento de Turismo, Federación Hotelera y Asociación de Viviendas Turísticas, así como los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y UGT, anunciaron ayer en rueda de prensa que presentarán alegaciones conjuntas al anteproyecto de ley elaborado por el Govern que modifica la Ley Turística de 2012 y abre la puerta a los pisos turísticos mediante su regulación.
Todos los empresarios y representantes sindicales felicitaron al Consell d’Eivissa y a los ayuntamientos de la isla por su negativa a mezclar usos residenciales y turísticos en edificios plurifamiliares.

Las alegaciones, que todavía se están redactando, irán en la línea del rechazo a la regulación y en apoyo a la petición del Consell de Ibiza y los alcaldes para que los ayuntamientos puedan emitir informes vinculantes.

Sobre todo, reclamarán más herramientas para sacar del mercado los alquileres ilegales, por ejemplo, con mayor dotación de inspectores y con definiciones más concretas sobre los comercializadores en internet, que permitan sancionarlos.

El presidente de Pequeña y Mediana Empresa (PIMEEF), Alfonso Rojo, destacó que esta unión entre empresarios y sindicatos se debe a que «hay mucho en juego».

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Por su parte, el presidente de los hoteleros pitiusos, Juanjo Riera, recordó los «problemas de convivencia, la burbuja en el mercado de alquiler y el problema del acceso a la vivienda» que se crearían si se permitieran este tipo de alquileres turísticos en las pitiusas.

El hotelero ibicenco también alertó que si esta actividad se llegara a permitir en las Pitiusas «quebraría nuestro modelo turístico» y de que la creación de empleo «no sería la misma» si las plazas turísticas que el Consell d’Eivissa tiene en su bolsa, entre 9.000 y 10.000, se dedicaran a establecimientos hoteleros o a pisos turísticos.

Juan Manuel Costa, presidente de la Cambra de Comerç, se refirió a «la saturación de las infraestructuras» que provoca un aumento de esta oferta turística ilegal al mismo tiempo que apuntó que un turista que alquila este tipo de pisos «no realiza el mismo gasto» que el que puede ir a un hotel.

«Es un producto turístico que no es adecuado para Ibiza, y que está produciendo un grave problema social para trabajadores y familias», añadió, por su parte, Lucas Prats, presidente de Fomento de Turismo.

Asimismo, los portavoces de UGT, Pepe Pedrido, y de CCOO, Consuelo López, destacaron los trabajadores que renuncian a sus plazas en Ibiza porque no les compensa el elevado precio del alquiler que tienen que pagar por su vivienda. Además, avanzaron que pedirán en sus alegaciones a nivel de sindicatos que los trabajadores que se empleen en pisos turísticos «se les aplique el convenio de hostelería».

Desde la Asociación de Viviendas Turísticas (AVAT), su presidente, Roberto San Esteban, insistió en la necesidad de controlar y perseguir a los comercializadores «que no pagan impuestos y se llevan el dinero afuera, no sólo de la isla y del país, sino de Europa».