Imagen de una de las protestas organizadas en Ibiza por el alto precio de los alquileres y la falta de pisos.

El Consell d’Eivissa reclamó ayer al Govern que se considere piso vacío aquel que no está ocupado durante seis meses al año y no el año entero, como se proponía desde el Ejecutivo balear.

La propuesta fue trasmitida al conseller de Territori del Govern, Marc Pons, durante la reunión que mantuvo con la vicepresidenta y consellera d’Habitatge, Viviana de Sans.

Durante este encuentro también se trató el contenido de la futura Ley de la Vivienda que prepara el Govern y que se presentará próximamente.

Además, y según avanzó Pons en rueda de prensa, durante la reunión que mantendrá hoy en Madrid con la secretaría de Estado de Vivienda para negociar las ayudas a los alquileres que entrega el Gobierno central, reclamará que se modifiquen los criterios para las ayudas de alquiler, que marcan un precio máximo de 600 euros.

«Ibiza es paradigmático en cuanto a los incrementos registrados en los precios de alquiler», apuntó Pons, quien insistió en que el límite de 600 euros puede ser válido para otros territorios nacionales, «pero trasladado a Ibiza no tiene sentido y esto nos dificulta las líneas de ayudas», añadió.

Por otro lado, y en referencia a la oficina del Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi), el conseller balear explicó que el Govern presentará una campaña de captación de vivienda para que particulares cedan la gestión, y posible rehabilitación, de sus propiedades inmobiliarias a este Instituto para convertirlas en pisos sociales.

En este sentido, el Consell estudia la posibilidad de realizar una inversión económica para adquirir patrimonio inmobiliario con el fin de cubrir necesidades en materia de bienestar social, con la posibilidad de ceder algunos al IBAVI.

Además, se llegó al acuerdo de que la institución insular asuma el servicio de asesoramiento jurídico hasta que el ejecutivo balear lo pueda iniciar.

«Como consideramos que es un problema que no puede esperar, el Consell se ha ofrecido a asumir, de manera provisional, este servicio de orientación jurídica para personas con necesidades sociales de vivienda», señaló de Sans.