J.A.T.26/07/16 0:00
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Por segunda vez en lo que llevamos de legislatura el Partido Popular y Podem–Guanyem han sumado sus votos en contra de la regulación de los alquileres turísticos en nuestra isla. En esta ocasión, los podemitas apoyaron la propuesta de resolución presentada por los populares que pedía la «no regularización de los alquileres turísticos en edificios con división horizontal y plurifamiliares».
El conseller socialista Gonzalo Juan justificó su voto contrario señalando que «este es un debate que ya tuvimos y nuestra opinión no ha cambiado. Nosotros no hablamos de regularizar sino de regular, no actuar supone enquistar y agravar el problema. Está aprobado pero no tenemos instrumentos legales para hacerle frente».
En este sentido, el presidente Vicent Torres señaló en su discurso que en la campaña de inspección para frenar los alquileres turísticos irregulares se han llevado a cabo intervenciones en 34 inmobiliarias y se han abierto 45 diligencias previas por alojamientos ilegales. «Buena parte del sentido de la campaña era disuadir de estas prácticas alertando de que las sanciones podrían ser de hasta 40.000 euros y ya podemos decir que estamos consiguiendo este efecto», señaló el presidente del Consell d’Eivissa.
Vicent Torres también añadió que este fenómeno, «de enormes dimensiones, que escapa de nuestras manos por la insuficiente regulación para acotar el problema y los cambios brutales del mercado por el uso de las nuevas tecnologías y la aparición de la economía colaborativa». Un detalle que no pasó por alto la vicepresidenta De Sans, que quiso aclarar que el principal culpable «son las mafias».
En cuanto a las demás propuestas de resolución, PSOE y Podem–Guanyem votaron a favor de las presentadas por sus socios de gobierno, mientras que de las 70 que el Partido Popular puso sobre la mesa, fueron aprobadas 32 (31 por unanimidad y una, la de los alquileres turísticos, con el voto en contra del PSOE).
Los portavoces de los socios de gobierno criticaron la gran cantidad de propuestas del PP. «Han tenido cuatro años para ponerlas en marcha», señaló la consellera Lydia Jurado.