La remodelación del puerto de Vila y los usos que Autoritat Portuària, por un lado, y el Ayuntamiento de la ciudad, por otro, quieren darle a los muelles está siendo objeto de inagotables polémicas. Primero fue el formato del futuro edificio de es Martell, luego el traslado de la estación marítima de los barcos de Formentera, y ahora se cierne la controversia sobre los límites al acceso de vehículos o la ocupación de los espacios públicos de la primera línea del puerto, como la plaza de la Tertúlia y el controvertido proyecto del Consistorio para reducir de forma significativa el volumen de las terrazas.

Toda reforma lleva implícitas ciertas transformaciones y, por lo tanto, situaciones que pueden desfavorecer a unos para beneficiar a otros. Cuando se trata de obras públicas, se da por descontado que siempre debe primar el interés general y que la firmeza ante presiones externas ha de prevalecer. Las cuestiones políticas siempre serán cuestionables y existen vías legales para que los afectados defiendan sus intereses. Pero lo que no es de recibo es que por falta de previsión, de personal o vaya usted a saber sucedan cosas como la que denunció ayer mismo este periódico en su noticia principal. Que una ambulancia no pueda acceder al interior de un barrio porque una barrera se lo impide es bochornoso. ¿Qué habría pasado si la vida de una persona hubiera dependido de la celeridad de los servicios de emergencias para acceder el viernes al puerto? ¿No ha sido capaz la APB de implantar durante todos estos meses un dispositivo de ingreso a la primera línea del puerto para comerciantes, fuerzas del orden y ambulancias? Ahora, a ‘toro pasado’ y con la temporada encima, se está tramitando un sistema de lectura de matrículas para la apertura automática de la dichosa barrera. La falta de previsión aquí es congénita.

Esta semana también hemos conocido las cifras del aeropuerto de Eivissa durante el pasado mes de abril, cuando contabilizó 341.394 pasajeros, un 14,5% más que en el mismo mes del pasado año. Este nuevo ‘récord’ contaría con el aplauso del sector turístico y la sociedad en general por alimentar el motor de nuestra economía, sino fuera por la falta de infraestructuras en servicios básicos como el suministro de agua de calidad, por poner solo un ejemplo, o los abusos derivados del intrusismo y la codi- cia de muchos en asuntos tan vitales como la vivienda.