OPINIÓN | Joan Miquel Perpinyà

Muros de indiferencia

| Eivissa |

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Que dos sindicalistas de UGT, uno de ellos funcionario de Instituciones Penitenciarias y otro delegado sindical en la cárcel del Palma, nieguen categóricamente que en la prisión haya malos tratos o agresiones a reclusos, nos tranquiliza. Pero más lo haría si los casos denunciados de un tiempo a esta parte fueran investigados por parte de una comisión independiente, como ocurre en muchos países, y no por la dirección de la prisión o la junta de tratamiento. No parece lógico que sean otros funcionarios los encargados de investigar irregularidades presuntamente cometidas por compañeros suyos.

Que en la cárcel de Palma -y en muchas otras- se padezca una acuciante falta de personal (240 vigilantes para 1.300 internos) y de recursos para garantizar la reinserción de los condenados, en palabras de estos sindicalistas, no es óbice para que no se investiguen las denuncias que ante las cámaras de IB3 han hecho Margalida Sotomayor (una interna en tercer grado), una exreclusa y el abogado Coco Campaner de Equipo 25.2. Los sindicalistas pidieron protección ante las acusaciones falsas e insinuaron que buscan obtener notoriedad o una indemnización económica, pero no dio esa sensación al oír los testimonios citados.

Desde luego, no parece normal que Sotomayor haya sido sancionada por lo que dijo en IB3, como escarmiento para que nadie ose imitarla y continúe la ley del silencio por la cual nunca trasciende lo que pasa allí dentro. Y lo peor de todo es que a nadie le importa. Se recordará que no hace tantos años hubo dos funcionarios condenados a 16 y 12 años por liderar mafias que suministraban droga a los reclusos y les obligaban a mantener relaciones sexuales. Hubo amenazas y palizas, incluso a otros funcionarios. Uno de ellos llegó a enviar el corazón de un cerdo en una caja a la mujer del alcaide. La cárcel no es un oasis de serenidad y calma, pero no es razonable que cuando alguien denuncia algún hecho irregular, la respuesta sea el corporativismo más cerrado y la sanción al denunciante porque jamás contará con pruebas para sostener sus argumentos. Pero a la vista de todo esto, ¿no habrá ningún político en el Parlament o en el Govern que mueva un dedo para averiguar lo que sucede en la prisión? Demos por hecho que los presos no son angelitos y que, si están allí, algo habrán hecho. Pero según UGT, faltan medios para su reinserción. ¿No les preocupa eso? A mí, sí.

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