El culebrón de la desaladora de Santa Eulària es uno de estos episodios de la política balear que uno no sabe bien por dónde coger, porque lo hagas por donde lo hagas es absolutamente vergonzoso y lamentable. La ciudadanía contempla atónita cómo ante una infraestructura muy necesaria para garantizar el suministro de agua a los habitantes de la comarca y de la isla en general (una vez esté concluida la interconexión de todas las plantas, si es que alguna vez llegan a verlo nuestros ojos), los partidos políticos y las administraciones se tiran los trastos a la cabeza, se lanzan reproches y se acusan de mala gestión, cuando todo es mucho más sencillo. Aquí pase lo que pase el sobrecoste lo acabará pagando el ciudadano, de esto no le quepa ninguna duda. Lo que se discute es de si será del presupuesto de la Comunidad Autónoma o del Ministerio de Medio Ambiente. Pero que eso lo van a pagar los vecinos de Ibiza con sus impuestos y con una eventual subida espectacular de las tarifas del agua, pueden apostar lo que quieran.
Dado que el problema es grave y de difícil solución, lo ideal sería que se hiciera de él un asunto de los que son calificados ‘de estado’ y todas las fuerzas políticas fueran de la mano y haciendo piña para exigir al Gobierno central que cargue con el sobrecoste. A la vista de lo mucho que desde Ibiza se contribuye a las arcas públicas y lo poco que se recibe, tampoco es mucho pedir. Pero una vez más nuestros representantes políticos prefieren criticarse y lanzarse acusaciones de negligencia e incompetencia para desgastar al adversario, antes que ponerse a trabajar todos a una para arreglar el desaguisado. Al fin y al cabo, es posible que el asunto haya de resolverse en los tribunales. De modo que mejor buscar un acuerdo negociado con Madrid y dejarse de reyertas políticas.