Una cuarta parte de aquellos que visitan las Pitiusas durante el mes de agosto, no se alojan en establecimientos reglados ni, por tanto, pagan el impuesto sobre pernoctaciones turísticas. Y es dudoso que paguen otros impuestos que correspondería devengar si se tratara de turistas hospedados en la oferta legal. El 21% se hospeda en pisos que ilegalmente alquilados a turistas y en casas de familiares y amigos. He aquí la gran bolsa de gente que se escapa de pagar la Ecotasa y que satura las infraestructuras isleñas, generando la sensación de colapso generalizado. Nada podemos hacer respecto a los familiares y amigos, algo que todo residente soporta estoicamente de la mejor manera posible, a ver qué remedio. Pero el alquiler turístico en pisos y apartamentos por días o semanas es la clave del grave problema que padecemos en las Pitiusas, de colapso por un lado y de falta de oferta de primera vivienda residencia todo el año, lo que además de afectar a un derecho fundamental recogido en la Constitución como el acceso a la vivienda, genera otros problemas colaterales de calado, como la falta de determinados profesionales sanitarios o de la seguridad pública, por citar sólo dos ejemplos. Sin embargo, desde las Administraciones locales e insulares la respuesta a esta problemática es tibia, o no todo lo contundente que cabría esperar dada la gravedad de la cuestión. Casi todas están a la espera de lo que haga el Govern balear, que ya llega tarde y no parece que ande apurado, o desde luego no tanto como aquellos que no encuentran vivienda a un precio razonable. Exceptuando al Ayuntamiento de Santa Eulària, cuyo alcalde anunció la modificación de las normas subsidiarias para prohibir los pisos turísticos en zonas residenciales, y también el de Vila, aunque más vagamente, los demás están a verlas venir. Y eso es inadmisible.