Una grandísima parte del parque de viviendas destinadas al alquiler residencial está colonizado por el alquiler vacacional, mucho más rentable y lucrativo. Ahora que la temporada alta turística empieza a decaer, comienzan a proliferar los anuncios de ofertas de pisos, apartamentos y habitaciones para ser alquilados solo durante la temporada de invierno. Se constata que para combatir esta realidad que hace que el acceso a la vivienda sea literalmente imposible en los meses de verano o para todo el año, faltan herramientas legales y recursos materiales y humanos para hacer cumplir la Ley. El Consell d’Eivissa ha hecho lo que ha podido impulsando una campaña contra el alquiler turístico ilegal en pisos, algo que la Ley prohíbe, pero la magnitud del problema es tan grave que hace falta muchísimo más. La mayoría de instituciones están esperando a ver qué hace el Govern con la anunciada nueva regulación que se está elaborando y que ya llega tarde, pero el ejemplo de Barcelona y de su alcaldesa, Ada Colau, es muy poderoso y deja en evidencia que los ayuntamientos podrían hacer mucho más de lo que hacen, que es nada, por solucionar el problema. Empieza a ser hora de que los políticos de todas las instituciones agarren el toro por los cuernos y se dejen de lamentaciones para pasar de las palabras a los hechos. La magnitud del problema hace que no se pueda esperar más. Y no es necesario ni siquiera que tiren de inventiva. Basta con que hagan lo que se hace en Barcelona. Que se elabore en cada núcleo urbano un censo de viviendas destinadas al alquiler vacacional irregular, donde los vecinos puedan comunicar tal circunstancia al ayuntamiento. Que se notifique al propietario que lo que hace supone una vulneración de la Ley. Y que se sancione incluso con el precinto de la vivienda a los infractores reincidentes.