OPINIÓN| Rubén J. Palomo

De dignidad y vivienda

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La solución al problema del alquiler en Eivissa requiere de un profundo análisis sobre cuáles han sido las causas que han alimentado esta nueva y cruenta versión de la burbuja en materia de vivienda.
No sólo inquilinos ‘aguilillas’, mafias o agentes inmobiliarios sin escrúpulos son los culpables de esta escalada en los precios de los alquileres. Con igual o mayor fuerza incide la pérdida de poder adquisitivo de muchísimas familias que, angustiadas por su economía, recurren al alquiler vacacional para ingresar ese plus. La crisis ha disparado la oferta ilegal y la economía sumergida, y la vivienda no iba a ser menos. A partir de ahí, es preciso un amplio debate donde participen todos los sectores afectados –incluidas asociaciones vecinales– y del que emanen soluciones acordadas por consenso.
La ley actual impide el alquiler turístico (por días o semanas) en edificios residenciales, mientras que en casas de campo, chalets o villas se deben cumplir una serie de requisitos y la prestación de unos servicios mínimos. En Eivissa se incumple la regulación en uno y otro caso. Los efectos perniciosos del primero son las molestias que se puedan causar a los vecinos y el aumento progresivo de los precios. Bajo estas premisas y teniendo en cuenta las necesidades económicas de cada vez más familias no es extrañar que los alquileres anuales escaseen. En el segundo supuesto, el principal menoscabo es el fraude con la Hacienda pública, un engaño millonario teniendo en cuenta que muchas de estas villas vacacionales pueden llegar a costar 25.000 euros por su alquiler semanal.
La solución, repito, se presenta muy compleja y llevará años restablecer un precio digno en el alquiler de la vivienda en la isla. Quizás parte de la solución pase por incrementar la inspección, tanto turística como fiscal, y mejorar las condiciones salariales de las personas para que no tengan que recurrir a este tipo de negocios que en ocasiones vulneran nuestra propia dignidad.

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