El decreto de la Junta de Extremadura aprobado el pasado 28 de diciembre y que regula el Plan Renove de Mobiliario de Hogar –una subvención del 25 % en la adquisición de muebles hasta un importe máximo de 1.000 euros– ha provocado asombro entre los responsables de las principales formaciones políticas de Balears, además de organizaciones como el Cercle d’Economia. El acuerdo del Gobierno que preside el socialista Guillermo Fernández Vara supone destinar fondos a incentivar el consumo en un sector –la venta de muebles– muy castigado por la crisis en Extremadura, aunque, como admite la norma, «sea un producto que no se considera de primera necesidad»

Marcar las prioridades. La decisión de la Junta de Extremadura no tendría más trascendencia –el importe global que se destina a la subvención es de 750.000 euros– si no fuera por el hecho de que esta comunidad es una de las más beneficiadas por los fondos de solidaridad estatal. Mientras que los ciudadanos de Balears tienen que hacer un esfuerzo suplementario para mantener sus servicios básicos, como es el complemento fiscal de los carburantes, por citar un ejemplo, los políticos extremeños abren líneas de subvención para apoyar una venta de muebles castigada por la recesión al igual que en Balears y la práctica totalidad del Estado. Nuestro Govern no está en condiciones de actuar del mismo modo con las empresas de las Islas castigadas por la crisis; el desequilibrio es evidente.

Otro modelo con urgencia. Este plan renove es sólo la punta del iceberg de las profundas injusticias que propicia el vigente modelo de financiación autonómico, que mantiene una situación irrazonable respecto a las comunidades que más aportan y que, además, consiente situaciones como la actual, que más allá de lo que pueda tener de anecdótico refleja el alcance de su agravio. La respuesta desde Balears no pueden seguir siendo meras declaraciones, es necesaria más contundencia política y social.