EDITORIAL

Un quiebro a la ley de protección animal

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Esos grupos que integran el Pacte están dispuestos a introducir modificaciones en el marco legal que regula los espectáculos taurinos en Balears para evitar la celebración de corridas, declaradas patrimonio cultural en España por una norma estatal aprobada en 2013. Los cambios pretenden imponer condiciones que hagan inviable la organización de festejos en los que se considere que hay maltrato animal o sacrificio de los mismos en la plaza mediante unas exigencias desmesuradas, desde seguros de responsabilidad civil millonarios hasta la obligatoriedad de evitar cualquier tipo de barrera arquitectónica en las plazas. La cuestión es sortear el más que previsible recurso del Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, del que se espera un fallo inminente en defensa de la continuidad de la tauromaquia al amparo de la ley que la declara patrimonio cultural del país.

La opción animalista. Los atajos legales que plantean el Pacte –PSIB-PSOE, Podemos y Més– tratan de satisfacer las exigencias de los grupos animalistas, cada vez más activos y con una creciente notoriedad social. Las modificaciones que quiere introducir la izquierda balear en la ley que ya está en trámite en el Parlament evitan una referencia directa a las corridas de toros –objeto de la protección que inspira la declaración de patrimonio cultural–, pero dejan fuera de la ley la muerte del toro en la plaza, e incluso plantean dudas sobre la continuidad del ‘correbou’ de Fornalutx. No se antoja sencillo que el Constitucional acabe aceptando una triquiñuela de estas características, que más parece una burla de la ley estatal.

Ámbito competencial. El Govern, en el ámbito de sus competencias, puede exigir unas determinadas condiciones para la celebración de las corridas, pero elevar de forma no razonable e incluso burda los requisitos de seguridad y asistencia sanitaria, las garantías indemnizatorias frente a posibles incidentes, aumentar la accesibilidad de forma injustificada... es legalmente muy discutible. Los tribunales no se lo permitirán.

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