26/07/16 0:00
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El manifiesto incumplimiento por parte del Govern de sus propias normas, como es el límite de garantía del depósito de las fianzas de alquileres que gestiona el Ibavi –el 20 por ciento–, debe ser corregido y explicado con urgencia. Es inadmisible que, de manera opaca, los diferentes gobiernos autonómicos –desde 2009 hasta ahora– hayan recurrido a estos fondos como un complemento financiero para, incluso, exceder los márgenes legales autoimpuestos. La situación genera la lógica desconfianza de los ciudadanos, que contemplan atónitos cómo la Administración vulnera sus propias normas con impunidad.

Desfase exagerado. El ‘mordisco’ financiero al depósito de las fianzas por alquileres en Balears es exagerado. De los 73,3 millones de euros que tendría que haber al comienzo del ejercicio de 2016, sólo se contabilizan –en la actualidad– 11,07 millones cuando como mínimo debería haber 14,6 millones. Los desfases son, a todas luces, exagerados. Con demasiada frecuencia, los gestores públicos –de todos los niveles de la Administración– acomodan las normas a su conveniencia pero lo que ya resulta fuera de lugar es que se acepte su incumplimiento sin más; una prerrogativa que no concede nunca sin sanción al administrado. El conseller de Territori, responsable del Ibavi, asegura que se dará los pasos necesarios para corregir la anomalía, aunque no señala ningún tipo de compromiso temporal.

Mala financiación. En el fondo de este asunto, el recurso a la ‘hucha’ de las fianzas de alquileres por parte del Govern se acaba justificando en la mala financiación, en la escasez de liquidez y recursos para poder hacer frente a las necesidades de una administración obligada a prestar los servicios básicos –enseñanza, educación y prestaciones sociales– sin la dotación económica suficiente del Estado. Pero este esquema, cierto, no puede acabar siendo el pretexto que justifique trasiegos crónicos que vulneran la legalidad y menos sin dar un motivo que los justifique.