El Govern considera que el nuevo impuesto debe destinarse íntegramente a la reinversión turística. Foto: JULIÁN AGUIRRE

Está decidido. Habrá impuesto turístico. El Govern está dispuesto a dialogar con los hoteleros sobre las características del nuevo gravamen, pero Francina Armengol ya advirtió a la junta directiva de la Federación Hotelera que no estaba sobre la mesa la posibilidad de no aplicar el nuevo impuesto. Antes, el vicepresidente Biel Barceló y la directora general de Turisme, Pilar Carbonell, ya habían avisado a los representantes hoteleros que la nueva ecotasa, ahora denominada impuesto turístico, era uno de los acuerdos recogidos en el pacto de gobernabilidad. El Govern, en cambio, sí está dispuesto a suavizar las condiciones del impuesto, aceptando alguna de las peticiones que de forma aún soterrada han hecho llegar algunos hoteleros al Ejecutivo.

Inmaculada Benito, presidenta de la poderosa Federación Empresarial Hotelera de Mallorca, sigue argumentando que el impuesto turístico perjudicará, y mucho, a la economía balear, puesto que afecta directamente a la competitividad del destino. La vieja ecotasa, que se aplicó entre mayo de 2002 y octubre de 2003, dejó heridas que tardaron años en cicatrizar y que ahora pueden reabrirse. La Federación Hotelera está dispuesta al diálogo, “previo análisis coste-beneficio de la medida”.

En este sentido, Inmaculada Benito explica que “no es momento para subir impuestos o crear nuevas cargas impositivas. Es evidente que el impuesto turístico supondrá una grave pérdida de competitividad para Balears como destino”.

Pilar Carbonell, directora general de Turisme, por su parte, defiende la necesidad de crear un impuesto turístico. “Es necesario por muchos motivos. Balears recibe una gran cantidad de visitantes y esta población flotante tiene una repercusión clara sobre el medio ambiente y los servicios públicos que estamos costeando los isleños. El impuesto turístico es un pequeño retorno, que en ningún caso debe percibirse como un castigo sino como una oportunidad para reinvertir en Balears”, asegura Carbonell, que disocia por completo el grave problema de financiación que padece la comunidad del impuesto turístico.

La directora general de Turisme añade que “no supondrá una pérdida de competitividad” y argumenta que muchos visitantes no ven mal el impuesto “por su concienciación medioambiental y social”.

Inmaculada Benito alude, por su parte, a la preocupación mostrada por los touroperadores. “Es evidente que el nuevo impuesto afectará a medio plazo. La clave es la pérdida de competitividad como destino”, asegura.

La presidenta de los hoteleros es consciente de que existen múltiples ciudades con algún tipo de gravamen para los visitantes. Asegura que, en general, “son ciudades diferentes, no comparables”. Benito insiste en mantener un clima de constante diálogo con el Govern y centra ahora sus esfuerzos en la WTM, Fitur y la ITB, “que han de servir para consolidar las buenas perspectivas para el 2016”.

EL NUEVO IMPUESTO. La ley que ha de regular el nuevo impuesto turístico está en fase de redacción, si bien está ya prácticamente perfilada.

La antigua ecotasa provocó una frontal oposición de los hoteleros por varias razones. Los empresarios mostraron entonces su frontal desacuerdo con el hecho de tener que cobrar en los establecimientos hoteleros el impuesto. Además, se consideraron agraviados, puesto que solo pagaban ecotasa los turistas que no pernoctaban en hoteles y no todos aquellos que se alojaban en viviendas vacacionales.

El Govern ha solicitado a Fomento que el impuesto turístico pueda cobrarse en puertos y aeropuertos, pero la falta de respuesta del Ministerio es interpretada, como en 2002, como una negativa. Así, el Ejecutivo cobrará en los establecimientos, aunque en esta ocasión pretende también que paguen los visitantes que se alojan en viviendas vacacionales.

Pilar Carbonell considera “imprescindible” regular el alquiler vacacional. En todo caso, y desde el primer momento en que se aplique el gravamen, pagarán los visitantes que se alojen en viviendas vacacionales. El Govern no sabe cuántas personas acuden a cada vivienda, por lo que aplicará el nuevo impuesto por módulos, que deberán abonar los propietarios y repercutir en los clientes. En cualquier caso, es prioritario para el Govern acometer la regulación de las viviendas vacacionales y favorecer su legalización, si bien Carbonell explica que “deberán cumplir con una serie de requisitos”. En este sentido, El Económico ha podido saber que el Govern, entre otras cosas, piensa exigir un número determinado de metros cuadrados por turista.

Una de las incógnitas que están aún sin despejar es si el gravamen de nueva creación tendrá carácter finalista. Carbonell lo tiene claro. “Tendrá carácter finalista. Desde la Conselleria de Turisme defendemos que sea un impuesto de reinversión en la industria turística y con un equilibrio entre las islas. Sería indefendible que no tuviera carácter finalista”, asegura, si bien reconoce que la consellera d’Hisenda i Administracions Públiques, Catalina Cladera, “aún no se ha pronunciado”.

Otro de los enigmas sin resolver es cuándo comenzará a pagarse el impuesto turístico. Los hoteleros ya han hecho llegar al gobierno su preocupación ante la posibilidad de que se aplique en 2016, puesto que la totalidad de los contratos del próximo verano ya están firmados. Consideran que los touroperadores podrían negarse a pagar, puesto que el impuesto sería un coste no contabilizado en los contratos firmados, ante lo que los empresarios se verían obligados a abonarlo directamente.

El Govern, de forma oficial, solo ha comunicado que se aplicará sí o sí el próximo 2016. En todo caso, el Ejecutivo piensa en retrasar su aplicación hasta el primero de noviembre, una vez finalizada la temporada de 2016.

El precio de la ecotasa estará entre uno y dos euros. Los hoteleros querrían que se tratara de una cuota única, pero el Govern tiene decidido que los establecimientos de lujo pagarán dos euros y el resto solo uno. El Govern estudió la posibilidad de favorecer la lucha contra la estacionalidad no cobrando el impuesto turístico durante la temporada baja. Sin embargo, finalmente, Turisme ha decidido que sí se pagará, pero con un importante descuento que, hoy por hoy, será del 50%.

No está todavía perfilado a partir de qué edad deberá pagarse el gravamen. El Govern no ha adoptado una decisión definitiva. Hoy, todo apunta a que quedarán exentos de pagar los niños hasta 14 años, aunque no está descartado del todo que se amplíe la edad hasta los 16.

El Govern pretende limitar el importe máximo a pagar. Ha decidido no fijar un coste máximo, en función de la categoría del hotel, sino que solo se pague una cantidad de días.