Imagen de archivo de la biblioteca pública Can Sales de Palma. | M. À. Cañellas

El gremio de escritores y traductores a través de las respectivas asociaciones que les representan han enviado una carta abierta en la que demandan «el pago centralizado en el Estado y las comunidades autónomas y una tarifa que les garantice una remuneración justa por el préstamo de las bibliotecas». El derecho a ser remunerados por este concepto está recogido en la directiva europea 92/100, pero no se pone en práctica en España.

«Evidentemente yo puedo hablar desde dos vertientes: como presidenta de la Associació d’Escriptors en Llengua Catalana (AELC) por Balears y como responsable de dos bibliotecas municipales. Creo que se debería hacer justicia y seguir la normativa europea para reconocer el trabajo de los escritores y traductores», asevera Fanny Tur. «Las bibliotecas deben reclamar los recursos económicos suficientes para pagarles, y lo fuerte es que no se haya hecho hasta ahora», observa Tur.

En su carta, el gremio se muestra indignado: «Lo cierto es que la legislación española no ha sido capaz de garantizar esta remuneración y los autores y editores llevamos casi 25 años sin una normativa justa, equilibrada y eficiente en la materia. Mientras, en la mayor parte de los países europeos llevan más de diez años reconociendo este derecho y aplicando políticas activas al respecto».