Según el INE, entre 2017 y 2021 hubo en España 549 personas condenadas por un tribunal por el delito de prevaricación. Como se puede ver, no estamos ante un tipo penal que se cometa masivamente, ni que los juzgados investiguen de forma habitual, por más que muchos ciudadanos deciden acudir a la Justicia penal para resolver conflictos con la Administración. Cuatro consellers de Formentera, Alejandra Ferrer, Rafael Ramírez, Bartomeu Escandell y Paula Ferrer, han sido denunciados ante la Guardia Civil por la Asociación de Empresarios Usuarios de s’Estany des Peix, acusados de prevaricación. Comete este delito «la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo».
Opinión
Denuncias sin pies ni cabeza
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